¿Qué hace falta para que algo de sentido común acabe escrito en una ley? A veces, algo tan grave como un proceso penal. El 20 de noviembre de 1945 arrancaron los juicios de Núremberg, la primera vez que la interpretación simultánea se usó con carácter oficial y a gran escala. Por eso la Asociación de Intérpretes de Conferencias de la Argentina eligió esa fecha como Día del Intérprete de Conferencias.
Las cabinas y los equipos de IBM ya los repasamos cuando hablamos de la interpretación a lo largo de la historia. Esta vez queremos hablar sobre la idea que Núremberg dejó sobre la mesa; la de que nadie puede defenderse de lo que no entiende. ¿Cuánto tardó en convertirse en norma? ¡Empezamos!
Una garantía que ya estaba en 1945
El Estatuto del Tribunal Militar Internacional recogía en aquel momento que el examen preliminar y el juicio de cada persona acusada debían celebrarse en una lengua que entendiera, o traducirse a ella.
El problema llegó después, cuando esa idea tuvo que bajar del gran tribunal internacional a la comisaría. El Convenio Europeo de Derechos Humanos reconocía desde 1950 el derecho a intérprete, pero ¿quién interpretaba y con qué garantías? En 1980, en uno de los interrogatorios a un estadounidense detenido en Austria, hizo de intérprete a otro preso con un inglés limitado. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 1989 dejó escrito en la sentencia Kamasinski contra Austria que la obligación de las autoridades debe ir más allá de nombrar intérprete y alcanzar cierto control sobre la calidad de su trabajo.
Lo que exige la Directiva 2010/64/UE
Para que el derecho a intérprete en el proceso penal tuviera reglas comunes en la UE, hubo que esperar 65 años. La Directiva 2010/64/UE parte del derecho a un juicio equitativo de ese convenio y lo baja a tierra. Exige interpretación sin demora desde el interrogatorio policial, también para hablar con la defensa, y la traducción escrita de los documentos esenciales: resoluciones que priven de libertad, escritos de acusación y sentencias. Los costes corren a cargo del Estado.
Si trabajas con los idiomas, intuimos que la frase que más te pesará está en el artículo 2:
La interpretación debe tener «una calidad suficiente
para salvaguardar la equidad del proceso».
Tanto pesa que la persona acusada puede reclamar si la interpretación no da la talla. ¿A que cambia la forma de mirar ese trabajo? Para cuidarla, la directiva pide a los Estados que se esfuercen por crear registros de profesionales independientes y cualificados.
¿Y en España cómo se aplica?
España la incorporó con la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, que añadió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un capítulo propio sobre el derecho a la traducción y a la interpretación. También establece que quien interpreta en un juzgado se designe entre los listados que elabora la Administración.
Esos listados debían salir de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes Judiciales, y la misma ley daba al Gobierno un año para presentar el proyecto que lo creara. El plazo venció el 28 de abril de 2016. En mayo de 2022, el Ministerio de Justicia abrió una consulta pública sobre el anteproyecto y reconocía en ella que el registro seguía sin desarrollarse.
Ochenta y un años después
El principio que se escribió en Núremberg hoy apenas se discute. Lo que sigue siendo una asignatura pendiente es quién se sienta al lado de la persona detenida y con qué preparación. Las cabinas de 1945 demostraron que se podía hacer, y la directiva recuerda que el derecho solo se cumple si se hace bien. Spoiler alert: queda mucho para conseguirlo.
Si conocéis a alguien que esté pensando en especializarse en interpretación judicial, o que todavía crea que «basta con saber el idioma», pasadle este artículo. Por WhatsApp o en mano a la salida del juzgado.
Hagamos que esta conversación se ponga encima de la mesa.

