Hay una pregunta fascinante y que pocas veces nos hacemos en el sector: ¿puede una traducción cambiar cómo una sociedad entiende la discapacidad?
Cuando un organismo internacional redacta un documento en inglés y ese texto se traduce al español, al francés o al árabe, cada decisión terminológica arrastra una forma de mirar a las personas. Y esa responsabilidad recae, más de lo que imaginamos, en quien traduce. ¿Quieres saber por qué?
¡Empezamos!
La palabra que representa (o invisibiliza)
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU marcó un punto de inflexión en 2006. Antes de ella, los textos institucionales hablaban de «minusválidos», «impedidos» o «inválidos». La Convención impuso el enfoque de «persona primero»: primero la persona, después la condición. Esto supuso el reconocimiento de que el lenguaje médico reducía a millones de personas a su diagnóstico. Y somos mucho más que eso.
¿El problema? la Convención se redactó en inglés. Y trasladar esos principios a las seis lenguas oficiales de la ONU obligó a tomar decisiones que no tenían equivalencia directa. Las Directrices de las Naciones Unidas para un lenguaje inclusivo en el ámbito de la discapacidad recogen muchas de estas tensiones: «integración» e «inclusión» no significan lo mismo, la discapacidad no se «padece» ni se «sufre», y donde antes se decía «en pie de igualdad» ahora la fórmula es «en igualdad de condiciones».
Construir un marco adecuado a través de la traducción
La traducción institucional no es un ejercicio mecánico, y ahí radica el quid para quienes nos dedicamos a esto.
Por ejemplo, «deficiencia» alude a una pérdida funcional; «discapacidad», según la propia Convención, resulta de la interacción entre esa condición y las barreras del entorno. Confundir ambos términos en una traducción cambia el modelo conceptual entero, del médico al social. El propio Servicio de Traducción de la ONU en Ginebra mantiene pautas específicas para traductores que trabajan con estos documentos, porque la terminología en este ámbito evoluciona más rápido de lo que recogen muchos manuales de estilo.
Y esto va más allá de la ONU. Las empresas que traducen sus memorias de RSC, sus políticas de diversidad o sus webs corporativas se enfrentan a las mismas decisiones. Una agencia que conoce estas distinciones te evita errores que pueden dañar tu reputación y, lo que es más grave, la dignidad de las personas a las que mencionas.
Sin ir más lejos, la Constitución Española habló de «disminuidos» durante 46 años. Hasta febrero de 2024, cuando se reformó el artículo 49 para sustituir ese término por «personas con discapacidad». Cuarenta y seis años con una palabra que reducía a millones de ciudadanos a una carencia. Un solo cambio terminológico en un solo documento, y el marco legal de un país entero se recoloca.
Un campo que crece (y que nos incumbe)
La traducción inclusiva hace tiempo que dejó de ser un nicho académico. Desde la accesibilidad en los estudios de traducción e interpretación hasta la audiodescripción en museos, pasando por la lectura fácil y la localización de plataformas digitales, cada vez más ámbitos exigen traductores que manejen el lenguaje de la diversidad funcional con precisión.
Porque al final, lo que está en juego es si el lenguaje que traducimos, revisamos y publicamos, permite que todas las personas se sientan representadas y no deje a nadie fuera. Y eso, en un oficio que se dedica a poner palabras donde antes había barreras, debería ser lo primero que nos preguntemos cada mañana.
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