La traducción jurídica en la Unión Europea funciona como un enorme laboratorio multilingüe: 24 lenguas oficiales, legislación vinculante y millones de palabras que deben decir exactamente lo mismo en cada versión. Para sobrevivir ahí dentro, las instituciones han desarrollado un lenguaje propio, el llamado «eurolecto», y un sistema de armonización terminológica con IATE como eje.
En este artículo veremos qué implica esto para el español jurídico y para quienes traducen normas europeas. ¿Empezamos?
El eurolecto español: una variedad jurídica «europeizada»
El eurolecto español designa el español jurídico usado en los textos de la UE, distinto en algunos aspectos del lenguaje normativo nacional. Estudios comparativos, como el proyecto Observing Eurolects, muestran que las versiones españolas de la UE tienen más construcciones pasivas y sustantivaciones que muchas leyes redactadas originalmente en España, reflejando el influjo del inglés y del francés.
La adhesión de España a la entonces C.E. en 1986 supuso la incorporación inmediata de un gran volumen de normas redactadas en otras lenguas, con conceptos y giros poco habituales en nuestro derecho. Traducir ese acervo obligó a acuñar y fijar expresiones nuevas que han acabado «europeizando» el lenguaje jurídico español. Esto tuvo una contrapartida, ya que la traducción terminó ayudando a crear terminología y fraseología que hoy vemos también en la legislación nacional.
IATE y la armonización terminológica multilingüe
Para que la maquinaria funcione, la UE cuenta con la IATE (Interactive Terminology for Europe), la base terminológica interinstitucional que unifica la terminología en todas las lenguas. Allí se registran las equivalencias oficiales de conceptos clave y denominaciones institucionales.
Para el traductor jurídico, esto no es opcional: al trabajar con textos de la UE, debe cotejar sistemáticamente la terminología en IATE y respetar la solución oficial. De ahí que «single market» se traduzca como «mercado interior» y «stakeholder» como «parte interesada», aunque en otros contextos se usen opciones distintas. IATE, junto con memorias y corpus institucionales, sostiene la coherencia del eurolecto español y la coordinación con el resto de lenguas.
Guías de redacción y papel del traductor jurídico
Parece una perogrullada, pero para que 24 versiones de un mismo acto jurídico sean igualmente claras y coherentes, la UE debe diseñar sus textos para que se puedan traducir de manera homogénea.
Para ello, herramientas como la Guía práctica común para la redacción de textos legislativos o el Libro de estilo interinstitucional insisten en la claridad, la precisión y la coherencia. Además, para el español, disponemos de la Guía del Departamento de Lengua Española y del Manual de revisión de la DGT, que concreta criterios y resuelve dudas frecuentes.
En este entorno, el traductor jurídico:
- domina al menos dos sistemas normativos (UE y derecho nacional);
- navega bases terminológicas, corpus y guías específicas;
- coordina soluciones con equipos de otras lenguas para que las 24 versiones resulten igual de claras y válidas jurídicamente.
En un contexto en el que la automatización cubre cierto volumen de texto general, la combinación de especialización jurídica, dominio de este eurolecto español y manejo fino de herramientas interinstitucionales convierte a esta rama en un nicho altamente especializado y relevante para traductores jurídicos orientados a la calidad.
Si te mueves en el ámbito jurídico o institucional y necesitas textos que hablen con propiedad, tanto el lenguaje de la UE, como el del derecho nacional, contar con un equipo especializado como el de Zesauro ayuda a navegar esa doble lealtad: al original europeo y al ordenamiento español.
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